En los últimos días ha circulado mucha información sobre la venta del broadcaster argentino Canal 9 al Grupo Octubre, liderado por un sindicalista y empresario, Víctor Santa María, muy cercano a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El Grupo Octubre es titular del diario Página 12, uno de los medios de propaganda explícita aliado del actual Gobierno nacional. La correcta información es que la empresa de medios intenta adquirir de forma compulsiva e irregular un bien que no está en venta y que se encuentra en un complejo litigio en tribunales judiciales de Argentina y EEUU. En realidad, no hay transferencia de nada ni negociación en pie. No hay bien en venta ni tampoco nuevo dueño.

            Esta semana, la Justicia argentina (la parte de la Justicia aún no cooptada por la fuerza política gobernante) decidió intervenir Telearte S.A., la empresa dueña de la licencia de Canal 9. El juez Eduardo Malde designó como interventora en la emisora a Laura Filippi, a pedido de Remigio Ángel González y González, el empresario mexicano considerado por la Justicia estadounidense como el verdadero dueño de la televisora. A fines de julio pasado, la Justicia de Delaware falló que el 100 por ciento de la propiedad del grupo de empresas que constituye "Canal 9" pertenecen al Grupo Albavision, propiedad de González y González, y que Carlos Eduardo Lorefice Lynch, la contraparte, "actuó de mala fe, con alevosía y ventaja fabricando un entramado con el objeto de despojar en forma ilegal al Grupo Albavision de sus activos en Argentina".

            La confrontación judicial arrancó en los tribunales de Delaware porque allí han sido inscritas las sociedades que controlan la estación de televisión.

            En septiembre pasado, el tribunal estadounidense solicitó el desalojo del directorio de Canal 9 y la restitución de la emisora al Grupo Albavisión, pero la devolución no se produjo por una apelación presentada por Lorefice Lynch. Pese a esta situación legal, y lo irresoluto del conflicto, el Grupo Octubre hizo pública la semana pasada la compra a Lorefice Lynch del control accionario del canal.

            "Ante desmanejos, anuncios de ventas, situaciones fuera de lo común, la justicia argentina decidió intervenir Telearte Canal 9 y desplazar al director Carlos Lorefice. La intervención fue solicitada por el empresario Ángel González y González y el grupo Albavisión", afirmó la comisión interna del canal del canal. 

TRIBUNALES EN PUGNA

            A comienzos de este mes, en Argentina, el fiscal Guillermo Marijuán pidió la indagatoria de Remigio Álvarez González González por la denuncia presentada en su contra por Carlos Lorefice Lynch.

            En la causa que tramita en el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 a cargo de María Servini, el empresario mexicano está señalado por delitos de falsedad ideológica de instrumento público y estafa en grado de tentativa. Es acusado de haber falsificado un documento para apropiarse de Canal 9.

            El diario Infobae informó al respecto que “Concretamente esta parte imputa al nombrado la falsificación de un 'Certificate of Amendment' de fecha 11 de abril de 2019, firmado por el imputado en forma unilateral –en representación de la firma Televideo Services Inc- y presentado ante la Secretaría de Estado de Delaware, Estados Unidos de América, el día 12 del mismo mes y año en el que, entre otras cosas, se dispone que los miembros de Grupo Belleville Holdings LLC y su participación sería la siguiente: Televideo Services Inc 95% y Remigio Ángel González González 5% y que el nuevo “President and Manager” del grupo era el Sr. Juan Pablo Alviz. Asimismo que dicho documento debidamente apostillado fue utilizado fraudulentamente con el objeto de desapoderar a Carlos Eduardo Lorefice Lynch de su calidad de accionista de la sociedad Grupo Belleville Holdings LLC con motivo de los trámites que se presentaran ante la Inspección General de Justicia y el Enacom”.

            De momento, el conflicto no tiene vestigios de solución. Fallos y apelaciones lo podrían mantener irresoluto por un largo tiempo, salvo que el poder que tiene actualmente la fuerza política gobernante (el Kirchnerimo) sobre la Justicia desconozca dictamenes de tribunales extranjeros y termine favoreciendo a uno de los empresarios más fieles que tienen en el terreno de los medios. La independencia de poderes en la Argentina está violentada (al igual que el concepto de propiedad privada) por lo que la posibilidad es factible.