Lejos de detenerse en tiempos de tecnologías sofisticadas, el consumo ilegal de contenidos audiovisuales se ha multiplicado año a año, especialmente desde 2019, en sintonía con una mayor oferta proveniente de plataformas ilegales de streaming. En lo que respecta a acciones de la industria audiovisual en los países de América Latina, uno de los pocos grupos que mostró actividad para luchar contra el flagelo era la Alianza Contra La Piratería de Televisión Paga (Alianza), grupo creado por operadores de TV paga como DirecTV Latin America y Sky Brasil (Vrio Corp), programadores de canales de televisión por suscripción como WarnerMedia y HBO Latin America (hoy fusionadas en Warner Bros. Discovery), Disney, Globo, Telecine, Win Sports, LaLiga, Ole Distribution (representante de los canales de A&E Networks, NBCUniversal y Sony), proveedores de tecnología como Nagra y asociaciones de la industria como la brasileña ABTA y la argentina Cappsa.

         Los esfuerzos de la asociación en esta lucha se paralizaron o dejaron de exponerse públicamente en febrero de 2021, más precisamente el 19, fecha de su última comunicación formal (publicada en su web), coincidente con el día en que deja HBO Latin America su entonces vicepresidente corporativo de Relaciones con Afiliadas, Javier Figueras. El ejecutivo era en ese momento presidente de la Alianza. En agosto de ese año, Víctor Roldán, VPS de Asuntos Legales y Negocios de WarnerMedia Latin America, sustituyó a Figueras al frente de la Junta Ejecutiva de Alianza.

         El mandato de Roldán quedó cumplido el pasado 23 de enero, fecha oficial en que tomó la posta el actual gerente regional de Antipiratería de Vrio Corp, Jorge Bacaloni. El nuevo presidente de la entidad tiene actualmente el desafío de liderar las estrategias conjuntas de la industria que permitan confrontar con un flagelo que creció exponencialmente en los últimos años hasta alcanzar la ruinosa cifra corroborada desde 2021: 58% de la población online de la región tiene tendencia a acceder a contenidos ilegales. 

         Según investigaciones de Ipsos, la multinacional de investigación de mercados y consultoría, a pedido de Alianza, sobre la base de encuestas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y México, desvelaron un fuerte salto de la oferta ilegal de contenidos robados por vía de la retransmisión y también del consumo de estos en los últimos años, con un punto de impulso en el proceso de aislamiento social que generó la pandemia de Covid-19. 

         Este flagelo cruza fronteras de género, edad y nivel socioeconómico, y expone ante un elevado nivel de riesgo la información de los usuarios, como ser datos personales y familiares. De acuerdo a los estudios de mercado, la mayoría de los usuarios son víctimas dado que desconocen la procedencia ilegal de una plataforma pirata cuando la consumen: dos de cada diez creen que las plataformas de piratería son legales y tres de cada diez no lo sabe, según el relevamiento de la investigadora. 

         “Sin dudas, la piratería es un fenómeno que está en pleno crecimiento. Y combatirla demanda de una articulación público-privada y la asignación de recursos humanos, tecnológicos y económicos. Hay que sumar esfuerzos porque este problema desincentiva la inversión y sin inversión no hay desarrollo económico posible. En una región como Latinoamérica es fundamental que la economía formal crezca, que haya más empleos y mejores condiciones de vida para nuestros pueblos”, advirtió Bacaloni.