Regulación
Argentina
Omar Méndez
Ene10,2016
Después de doce años de mala praxis gubernamental en todo el sector, con desguaces, y desalientos a las inversiones, con un líder del cable en el borde del precipicio y muchos medianos y pequeños operadores cerca del desahucio y otros agobiados por problemas financieros, el mercado pionero de la televisión de pago latinoamericana retoma la normalidad.
En Argentina, desde la asunción del flamante presidente, Mauricio Macri, el nuevo ministerio encargado del área ha ido con la guadaña directamente al problema: la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, mal denominada Ley de Medios, redactada y promulgada por Cristina Fernández de Kirchner. Esa reglamentación tenía como objetivo central quebrar al principal grupo de medios de comunicación del país, propietario del newspaper principal, líder del broadcast y de la TV paga nacional, Clarín, ex gran aliado de los Kirchner entre 2003 y 2007, y repentínamente enemigo visceral desde 2007 hasta el cierre del mandato, en diciembre pasado. La ejecución de Clarín era el gran fin del Gobierno. No el único: también la presidenta buscó armar un extraordinario frente de medios privados afines, sostenidos, la mayoría, con el dinero público, como premio a la subordinación.
Para enmascararlo, los Kirchner le pusieron un tinte populista: en la búsqueda de disfrazar el propósito, entregaron licencias a granel a organizaciones populares y grupos de comunicación de los empresarios amigos del Poder. El uso y abuso del dinero público, en especial de la pauta publicitaria oficial, permitió armar una gran cadena de diarios de papel y online, canales abiertos y de televisión paga, y radios para propalar hasta el hartazgo la propaganda kirchnerista, asistidos por comunicadores escasos de moral. Los medios del conglomerado argentino, más algunos pocos, también muy populares, pasaron a ser una evidente minoría en comparación con el gran frente de propaganda del oficialismo.
La historia ya fue contada reiteradas veces en estas mismas páginas. Clarín se aferró a las pocas vías judiciales para sobrevivir una y otra vez. Hasta la Corte Suprema intervino en la puja desigual entre un grupo privado y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, decidida a todo para voltear una de las pocas barricadas de libre expresión que le quedaban a los argentinos.
Hace unos días, el nuevo primer mandatario, en su cargo desde el 10 de diciembre, dejó sin efecto toda la Ley por decreto; casi al mismo tiempo, barrió los dos entes creados por la anterior administración, la Afsca y la Afstic, unificándolos, pese a las críticas de algunos sectores de la oposición. A través de otro decreto presidencial, quedó oficializado el nuevo organismo que absorberá a los dos citados, a partir de ahora llamado Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El presidente del Directorio es Miguel Ángel de Godoy; como nuevos directores se confirmó a Alejandro Fabio Pereyra, Agustín Ignacio Garzón y Heber Damián Martínez (ex manager de Asuntos Corporativos de Telefe). El ex titular de la Afsca, Martín Sabbatella, intentó resistirse a la decisión y se atrincheró en la sede del organismo, hasta que fue expulsado por la fuerza pública.
La acción de Macri de eliminar por completo la polémica Ley se apegó a la lógica: no tenía sentido la revisión exhaustiva de un reglamento creado expresamente para dañar. La matriz claramente vilipendiosa convenció al Ejecutivo sobre la conveniencia de difuntear toda la Ley 26.522, tan mal concebida que hasta ignoraba la existencia de la Internet.
Como consecuencia, Clarín mantendrá sus activos y no estará obligado a partirlos y perder prácticamente todo su vigor de multimedio líder del país. La nueva reglamentación, ahora por elaborarse, deberá contemplar límites para ese poder, agrandado escandalosamente durante la gestión de Néstor Kirchner, en sus días de romance con la compañía. La unificación de los organismos llevará a la creación de un reglamento que contemple la combinación de servicios, tal como ocurre en cualquier mercado desarrollado del mundo.
Un nudo aparece en el segmento de las telecomunicaciones. Telefónica y Telecom, las dos controladoras de la interconexión argentina, líderes en oferta de telefonía fija y ambas muy competitivas en el terreno móvil, no podrán, de momento, ingresar al sector del cable, probablemente hasta 2018. Queda por ver qué se decidirá en el caso de las otras alternativas de TV paga, en especial, su ingreso a DTH, tecnología en la que Telefónica es un líder latinoamericano. De momento, una y otra Telco entregan un servicio audiovisual online en su primera aproximación a la oferta de televisión de pago. ¿Es legal esa oferta? No, si se recuerda lo que firmaron en el pliego de condiciones las dos compañías de telecomunicaciones. Fue el requisito medular para asumir un negocio monopólico de telefonía fija que les dejó millonarias ganancias en los años noventa.
Los tradicionales proveedores del mercado, especialmente el segmento de señales internacionales, encontrarán un mejor escenario para sus negocios. Con la ley muerta, los condicionamientos impuestos para la producción local quedan sin efecto. Todo vuelve a fojas cero en el país inventor de la TV paga latinoamericana.
Semejante intromisión gubernamental siempre deja consecuencias. El sector de la TV paga sobrevivió aunque con penurias. La situación financiera, agravada por altas cargas impositivas, ha dejado a numerosas empresas en dificultades. En broadcast, también se sienten los problemas. La industria de la publicidad también deberá reconstruirse, bajo reglas más equitativas.
